Refugiados (entrevista con Amnistia Internacional. II)

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Este verano se ha vuelto a vivir en el Mediterráneo una situación muy complicada y difícil, poniendo de manifiesto posturas muy controvertidas por parte de gobiernos y que parecen directamente opuestas al derecho internacional e imposibles de analizar desde una perspectiva humanitaria. En su momento, hablamos con el portavoz de Amnistía Internacional en Catalunya, para analizar la situación y saber un poco más sobre todo ello (aquí reproducimos la segunda parte de la entrevista mantenida con AI).


Antes comentaba la tragedia de las muertes en el Mediterráneo…
Sí, este año (por 2017, los años siguientes han sido todavía iguales o incluso peores) ya va a ser el peor. Desde que empezó la crisis de Siria las cifras cada vez han sido peores. Ahora ya se habla de casi 4.000 personas que sabemos que han muerto en el Mediterráneo, sin contar las que no se han podido contabilizar por desconocimiento. Al cerrar la ruta de los Balcanes, todo el movimiento se ha desplazado al Mediterráneo Central donde la distancia entre las costas es mucho mayor. Salen de Libia hacia Italia pero no llegan. Además la Unión Europea canceló una operativa que estaba ayudando bastante. Se llamaba Marenostrum, la había puesto en marcha la armada italiana, salía en busca de las lanchas procedentes de Libia pero era enormemente caro. Lo que pidió Italia era mantener el dispositivo pero con ayuda europea, de los socios comunitarios. Ningún país se ofreció a ayudar y se tuvo que cancelar en septiembre de 2015. En ese momento, la Unión Europea lanzó otro operativo, Tritón, que es básicamente lo mismo: barcos militares navegando por el Mediterráneo. Pero tiene un problema y es que no van a buscar las lanchas sino que, al ser gestionado por Frontex, se limita a vigilar las fronteras de la Unión, a no más de 30 kilómetros de las costas. La distancia a la que se alejan de las costas es poca, salen al mar, dejan atrás tierra pero no se alejan lo suficiente para socorrer a las embarcaciones que intentan llegar hasta Europa. Esto ha hecho que se incremente la mortandad en el Mediterráneo Central, sobre todo después de cerrar la ruta balcánica.

Esto ha hecho que aparezcan ONG’s, como por ejemplo la catalana Proactiva Open Arms, que están desempeñando una labor muy importante.
Exacto, me parece muy bien lo que están haciendo estas organizaciones, que hacen lo que no hacen los gobiernos europeos: ir a rescatar a la gente en el mar. Crean dispositivos para tratar de aliviar estas situaciones. Pero es que a veces se han producido situaciones muy lamentables como es que, al tratarse de dispositivos –en el caso de los orquestados por la UE- gestionados por la armada, los barcos militares son tan grandes que la gente no puede subir a ellos. Ha habido algún naufragio porque no sabían cómo sacarlos del agua.
Lo que han hecho organizaciones como Proactiva o Médicos sin Fronteras es ir con embarcaciones más pequeñas y con personal con formación en salvamento. Los militares, lamentablemente, no están preparados para este tipo de actuaciones. Estas ONG’s han demostrado que con poco se puede hacer mucho.

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¿Cuál es el proceso que siguen las personas que salvan del mar estas ONG’s?
Se las lleva a tierra, a los campos y allí son registradas. En Grecia, por ejemplo, el problema es que a raíz del acuerdo entre la UE y Turquía, las personas que llegan ya no pueden pasar. Las fronteras están cerradas en Grecia para los refugiados que llegan y de allí no pueden avanzar. Y siguen llegando, hasta un punto en el que el país helénico ya no tiene capacidad para gestionar tanta cantidad de personas, que están atrapadas. Así, vemos campos en Grecia donde no se cumplen las condiciones mínimas, no se les informa sobre la evolución de sus procesos… Surgen campos informales, donde se les ofrece asistencia pero no se puede gestionar nada a nivel de papeles o burocracia. A Grecia, con todo esto, se la ha dejado sola en estos momentos. Los refugiados que llegan ahora a Grecia están en un limbo.

¿Cómo valora el acuerdo con Turquía?
La legislación europea contempla la posibilidad de devolución de una persona a un país tercero, siempre que éste sea considerado como “seguro”. Lo que muchas ONG’s cuestionamos es que Turquía sea un país “seguro”. No lo es. Se habla de seguridad para los refugiados pero nosotros no podemos considerar como tal a un país que, por ejemplo, lleva a cabo “devoluciones en caliente”, es decir, en el mismo momento y, por lo tanto, sin poder atender a su petición de asilo. Además, se han producido tiroteos de guardias en la frontera entre Siria y Turquía contra refugiados y esto lo hemos documentado.
Turquía, además, a nivel interno tiene problemas graves de vulneración de derechos humanos, de los estándares básicos de derechos humanos a nivel internacional. Se han registrado casos de tortura a personas en custodia policial. Turquía no nos convence y este acuerdo nos da la sensación que obedece a la voluntad de sacarse el problema de encima y trasladarlo a otros sitios, donde pueden sufrir otros problemas o abusos.
Y, ¿qué le diría a aquellos que para defender posturas muy restrictivas frente a la llegada de refugiados defienden que entre ellos se pueden colar supuestos terroristas?
Puede pasar, claro. Entre un millón de personas siempre alguno puede colarse pero no se pueden hacer generalizaciones de este tipo. Lo cierto es que hay miedo y es legítimo pero hay que saber poner las cifras en perspectiva.
En cualquier caso, ante todo lo que está pasando lo que reclama Amnistía Internacional es que los países cumplan sus leyes. En España, lo que pedimos es que cumpla con lo que tiene estipulado en estos casos.

Respecto a la iniciativa de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ¿qué le parece el proyecto de montar un centro de acogida temporal (propuesta de 2017)?
Nosotros hemos pedido a las administraciones que colaboren. Hemos visto en España, y en Catalunya en particular, que lo que pasa a nivel local no tiene correlación a nivel estatal, que es el que tiene competencia exclusiva en esta materia. Hemos visto que, por un lado, los estados bloquean fronteras y no quieren saber nada o muy poco de este asunto. Y, por el otro, como desde el ámbito local, casos por ejemplo de París y de muchos otros ayuntamientos en Catalunya, se han producido muchos movimientos para dar acogida a estas personas. El problema es que la competencia es exclusiva de los estados. Estas ciudades lo que hacen es mandar un mensaje de que hay capacidad para montar dispositivos ante lo que está ocurriendo, aunque sea a nivel municipal. //


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